Los municipios del sur del Meta y el Guaviare han sido por años escenario de conflictos sociales y ambientales. Cinco años después de la firma del Acuerdo de Paz, sus pobladores exigen soluciones a problemas estructurales, y ven con preocupación la reconfiguración de nuevas conflictividades en el posacuerdo.

Para comprender la importancia de la paz es necesario conocer los relatos de las personas que habitan los territorios donde se forjó la guerra. Son zonas alejadas de las grandes capitales, que cargan consigo una historia de marginación de la población, principalmente campesina, que llegó en busca de tierra para su sustento.

En una frontera regada por los ríos Ariari, Güejar, Guayabero y Guaviare, se unen los departamentos de Meta y Guaviare, un territorio que por su ubicación geografía cuenta con características únicas de gran importancia ambiental para Colombia y Latinoamérica, un corredor ecosistémico que conecta la zona Andina, la Orinoquia y la selva Amazónica, lo que llevó a otorgarle el carácter de Área de Manejo Especial de la Macarena, mediante decreto Ley 1989 del año 1989.

Pero las mismas condiciones que hacen de este territorio único, lo convirtieron en un escenario propicio para la guerra. La presencia de grupos armados irregulares, los cultivos de coca como forma de sustento, la oferta diferenciada del Estado con presencia principalmente militar, la represión y estigmatización de sus habitantes, y la carencia de servicios sociales básicos, son algunos de los problemas a los que se ven enfrentados sus habitantes. 

Enclavados entre Parques y Reservas Naturales: el Parque Nacional Serranía de La Macarena, Parque Nacional de los Picachos, Parque Nacional Tinigua, el Parque Serranía del Chiribiquete y la Reserva Natural Nukak, los habitantes de estos municipios que allí convergen tienen una historia de lucha por la tierra, por sus derechos y por la paz. Están conformados principalmente por pueblos indígenas y generaciones de campesinos colonos que ampliaron la frontera agraria desde la década de los años 60, en busca de la tierra y las oportunidades que no tuvieron al interior del país, de donde fueron expulsados y perseguidos por conflictos políticos.

Este territorio ha sido escenario de diferentes hitos en la historia del conflicto armado del país, desde las guerrillas liberales, las negociaciones de paz, la lucha militarizada contra los cultivos de uso ilícito, hasta el resurgimiento de nuevas conflictividades en el posacuerdo.

El proceso de negociación y la posterior firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC-EP en 2016, trajo consigo una gran expectativa para los pobladores de esta región, no solo por el añorado silencio de las armas, si no por todo el andamiaje institucional, político y programático que prometía llevar desarrollo a esas zonas dónde el país central solo la atiende cuando ocurren tragedias o para explotar sus recursos naturales y minerales.

Los marcados conflictos históricos de esta región: sociales, económicos y ambientales, sumaron demandas a los puntos de negociación, que finalmente ofrecieron alternativas institucionales para suplir estas peticiones. La apuesta de Reforma Rural Integral, eje central del Acuerdo, busca aportar a la solución de las causas estructurales del conflicto armado en Colombia: la tenencia de la tierra.

A la fecha, cinco años después de que se diera comienzo a la implementación de los puntos consignados en el Acuerdo, el territorio y sus pobladores le apuestan a la construcción de paz. Reconocen avances, pero también exigen celeridad y respuesta a las demandas que aún persisten en el territorio, y que, en algunos casos, se han recrudecido a raíz de la lentitud o incumplimientos en la implementación del Acuerdo mismo, y que plantean nuevos retos para alcanzarla.

En este contexto, específicamente en la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, uno de los puntos programáticos del Acuerdo, 12 municipios (8 del sur del Meta y 4 del Guaviare), fueron agrupados en la Subregión Macarena – Guaviare, una de las 16 subregiones compuestas por 170 municipios en el país, priorizados por ser los más afectados por el conflicto armado, las condiciones socioeconómicas de sus habitantes y la débil presencia institucional.